Una opinión autorizada
Diario el País, en su página editorial, destaca este artículo del cooperante español Carlos Peñalver, quien aplica su experiencia de tres años en Honduras para estructurar una visión del actual conflicto, provocado por el golpe de estado contra el presidente Zelaya. Y por si alguien duda de la procedencia del artículo pues le recomiendo leerlo en su fuente original: Honduras, un conflicto entre los poderes del estado.

Honduras, un conflicto entre los poderes del estado

He trabajado como cooperante durante tres años en Honduras, de donde regresé hace apenas unos días. Durante ese tiempo, tuve la posibilidad de trabajar con entidades políticas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del Estado de Honduras. Desde mi experiencia, me gustaría compartir con los lectores mi análisis sobre la tensión que se está viviendo en este país.

La intención de la consulta que se iba a realizar este domingo era saber si la población está de acuerdo con que, en las elecciones generales de noviembre, se incluya una urna adicional en la que el pueblo apruebe o no la realización de una Constituyente (Reforma Constitucional). En todo caso, si en noviembre el pueblo diera el visto bueno, la misma se realizaría como pronto en 2010 (y duraría alrededor de un año más), por tanto bajo el mandato de otro presidente (Zelaya no se puede presentar a la reelección porque la Constitución actual no permite la reelección). Por lo tanto Zelaya tendría que esperar a 2013 para volver a ser candidato a Presidente (y con él se podrían presentar otros históricos como Callejas, Flores, etc).

El miedo actual, que ha generado la tensión militar y política, o al menos lo que se pone en la palestra, es que si triunfa la votación por la Constituyente de noviembre, Zelaya decida quedarse en el poder, pero eso, aunque posible por la torpeza política generalizada en el país, parece prácticamente imposible porque sería un suicidio político para él, pues perdería todo el apoyo del pueblo (que actualmente es muy grande) y además la situación geopolítica actual de la zona no se lo permitiría (internacionalmente no se aceptaría eso, pues sería otro golpe de Estado al presidente elegido democráticamente por las urnas en noviembre).

La actual Constitución de Honduras es de 1982, época en que el país sufría una fuerte represión militar (inducida por los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala que hacían que para EE.UU. fuera prioritario el control de Honduras para no perder el control del istmo centroamericano). Por tanto, esta constitución no responde precisamente a las necesidades de las mayorías, ni al funcionamiento de un Estado moderno (en Honduras se dan graves paradojas como que el Poder Legislativo actúa como ejecutivo porque ejecuta grandes cantidades del Presupuesto Nacional). Por todo ello, más allá de si se reelige o no un presidente, Honduras necesita establecer un modelo de país que le permita desarrollarse y responder a las necesidades de su gente. El dilema es: ¿Está Honduras preparada para este paso o, si se hace la constituyente ahora, con el clientelismo político tan patente que existe, lo único que se conseguirá será perpetuar un modelo de Estado injusto y que vive a espaldas del pueblo durante 25 años más?

En todo caso, el conflicto no es entre partidos políticos, sino entre poderes del Estado, y la base que tiene es la atribución que actualmente tiene el Poder Legislativo (Congreso Nacional de la República). Así, Zelaya llegó al poder por el Partido Liberal, pero en los últimos años se ha desmarcado de las tendencias clásicas de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional... cuyas tesis son similares), al pretender una reforma constitucional en la que lo que parecen temer realmente los diputados (y con ellos arrastran al Poder Judicial y las Fuerzas Armadas), es que se elimine o reduzca la potestad del Congreso Nacional de ejecutar gran cantidad de fondos del Presupuesto Nacional.

Este punto es importante, actualmente el Congreso Nacional ejecuta una muy importante partida del presupuesto nacional, y la gestiona a través de los propios diputados, sin que haya ningún control real sobre ello (ya que es función del propio Poder Legislativo el control de la ejecución de fondos...) y por tanto sosteniendo los altísimos niveles de corrupción que se dan en Honduras (y que se pueden contrastar en organizaciones internacionales con gran credibilidad como Transparencia Internacional). Por tanto, previsiblemente, una constitución moderna (adaptada a los conceptos democráticos actuales) replantearía algunos conceptos y centraría la actividad del Poder Legislativo en la función legislativa y de control del Ejecutivo. Eso sería una pérdida enorme de poder para los 128 diputados.

Hay que añadir que los miembros del Poder Judicial de Honduras los nombra el Congreso Nacional de la República y ambos por tanto (casi como es lógico o normal en la zona) representan los intereses de las minorías aventajadas (hay que entender los niveles de diferencia social en los que se mueve Honduras), por lo que entre ambos no parece haber sido complicado convencer a las Fuerzas Armadas.

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