Urge garantizar el trabajo de los defensores y defensoras de DDHH en Honduras y la asistencia inmediata de la Cruz Roja Internacional


Tegucigalpa, 27 de julio de 2009

Desde el día 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña, en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

El 24 de julio miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó cientos de militares y policías a la zona y montó alrededor de 18 retenes para amedrentar a los simpatizantes del Presidente Zelaya.

Cabe destacar que con ocasión del establecimiento del toque de queda entre las 12 del medio día del día 24 de julio y que se mantuvo vigente todo el fin de semana, se produjo la detención de cientos de personas. Aunque se les ha liberado horas más tarde estas detenciones son arbitrarias.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin posibilidad de movilización, sin acceso a alimentos, medicamentos ni servicios básicos mínimos.

Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras, entre ellas del Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), del Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y a los centros de detención para verificar los motivos de la privación de la libertad y las condiciones en las que se encontraban las personas, así como para procurar su liberación, adicionalmente han intentado brindar alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas entre retenes, sin embargo el Ejército impidió la legítima labor de las organizaciones. En este sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional con el objetivo de brindar la ayuda humanitaria para las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de las organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas por el juez ejecutor con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales cuando ya las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más se configura una ausencia de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y de las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.

En estas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos de Honduras, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas del año 2006: “el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.

Las acciones llevadas a cabo por el ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan el trabajo que realizan los y las defensoras de derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones que fueran dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.

Finalmente señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al Presidente Manuel Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual es competencia de la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que estime convenientes para prevenir mayores violaciones en Honduras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África

(IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial

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