Por: Efraín Moncada Silva (Comentarios al artículo 3 de la Constitución)

El Art. 3 es una de las garantías institucionales de autodefensa e inviolabilidad de la Constitución, y con el Art. 2, párrafo segundo y el Art. 375 de la misma, son los obstáculos constitucionales, desde el punto de vista jurídico político, por medio de los cuales se trataba de evitar los futuros golpes de Estado y los gobiernos usurpadores. Este artículo 3 fue tomado del artículo 82 de la Constitución del Perú de 1979, el que según Alfonso Ramos Alva del Partido Aprista, padre intelectual de la última declaración de dicho artículo en la Constituyente de su país, precisó que era un derecho del pueblo recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional, descartando así que las Fuerzas Armadas o cualquier grupo del pueblo pudiese ser titular de ese derecho.

El derecho a la insurrección o a la insurgencia como le llaman otros, figuró por primera vez en la Constitución de 1957, cuyo Art. 4 disponía que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República era obligatoria y que la violación de esta norma daba derecho a la insurrección popular. El mencionado artículo en tercer y último debate se aprobó el 12 de noviembre de 1957, según consta en el Acta No. 16 de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente dominada por el Partido Liberal que emitió dicha Constitución.

La Constitución de 1965 en cuya Asamblea Nacional Constituyente predominó el Partido Nacional suprimió dicho derecho a la insurrección.

En la actual Constitución de 1982, aparece por primera vez el derecho a la desobediencia, y por segunda vez el derecho a la insurrección en el Art. 3 que literalmente dice; “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

Para ilustrar debidamente a la opinión pública, analizaremos las disposiciones del artículo transcrito.

¿En qué supuestos se dan el derecho de desobediencia a las autoridades y el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional?

En primer lugar, se da en el caso de un gobierno usurpador. ¿Qué es un gobierno usurpador? Es aquel que sin título regular, o sea, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución, detenta, generalmente por la fuerza de las armas o como consecuencia de ello, los órganos esenciales que forman el gobierno de la República.

En segundo lugar, se da los derechos de desobediencia e insurrección también en el caso de funcionarios o empleados usurpadores, que son aquellos que detentan la función por:

a) La fuerza de las armas; o
b) Usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que la Constitución y las leyes establezcan.
El supuesto de los funcionarios o empleados usurpadores es diferente al de un gobierno usurpador, por eso la norma constitucional los diferencia y los conceptúa en forma separada. Los funcionarios o los empleados usurpadores teóricamente pueden pertenecer a cualquiera de los poderes del Estado: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Ahora bien, como consecuencia del golpe de Estado producido en Honduras el 28 de junio del presente año aunque no haya un gobierno usurpador en su totalidad, ¿quiénes pueden considerarse como funcionarios o empleados usurpadores, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución?

En primer lugar, el que detenta en forma de facto la titularidad del Ejecutivo, porque fue nombrado en el cargo como resultado de un golpe militar; y, además, porque asumió la función usando un procedimiento que quebrantó o desconoció lo que la Constitución establece en el Art. 242, que exige como condición esencial la falta absoluta del Presidente de la República, es decir la muerte, incapacidad física o mental, enfermedad que lo imposibilite en forma absoluta para ejercer la función o la renuncia del cargo: circunstancias estas que jamás se dieron en el caso de Zelaya, porque la falsificación de su renuncia más bien ha hecho incurrir en delito a los autores intelectuales y materiales de tal hecho.

En consecuencia, es evidente que se usaron procedimientos que quebrantaron o desconocieron lo dispuesto en la Constitución.

Un asunto a dilucidar es la situación de los funcionarios y empleados nombrados por el Ejecutivo usurpador ¿qué consideración tienen? Como su nombramiento tiene su origen en una autoridad usurpadora, son igualmente funcionarios o empleados usurpadores.

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