"Hipócrita es su política de negociar con los golpistas a más de un mes de la expulsión del presidente constitucional, apoyar una fórmula de negociación que implica el éxito del golpe, y mantener la base militar en Honduras".

Por Ernesto Tamara
Periodista sueco
Escribe para Barómetro Internacional

Cada día hay más personas que dudan que Barack Obama dirija realmente la política exterior y de defensa norteamericana, y es evidente también que le está costando emprender los cambios internos que prometió en su campaña electoral.

Hace un tiempo, discutiendo con un amigo sobre los períodos presidenciales, me decía que Estados Unidos podía darse el lujo de tener períodos presidenciales de cuatro años, porque en realidad el presidente no gobierna, sino que lo hacen las corporaciones, siendo en realidad un gobierno de período ilimitado. Barack Obama parece darle la razón.

En muchos terrenos, el actual presidente norteamericano ha debido desistir de impulsar los cambios que había anunciado previamente, y en otros ha tenido que negociar sus propuestas a un costo aún desconocido, como por ejemplo, con su reforma del sistema de salud. Esta semana en la Cumbre del NAFTA admitió que no podía cumplir con su promesa de modificar el tratado de Libre Comercio que lo une con Canadá y México, tal como exigía su vecino del sur.

En defensa, apenas está cumpliendo con la confección de un programa de retiro de tropas de Irak, al mismo tiempo que aumenta la presencia militar en Afganistán, mientras sigue la misma línea de su antecesor de presionar a Irán por su programa nuclear.

En la V Cumbre de las Américas, celebrada en abril en Trinidad y Tobago, el mandatario anunció una nueva política estadounidense hacia América Latina, basada en el diálogo y la cooperación.

La realidad está mostrando que esas promesas no se cumplen. En su anuncio de cambios en las relaciones con Cuba, el único avance evidente fue apagar el cartel provocador de la oficina de intereses en La Habana, que por cierto nadie podía leer. Anunció reducir las restricciones de viajes a la isla de los cubano americanos y el envío de remesas, pero esas promesas aún no se han concretado en los hechos. En cuanto al bloqueo económico, Obama no ha mencionado siquiera modificarlo.

Sobre el golpe de Estado en Honduras, Washington ha mantenido una política ambivalente, ya que por un lado reconoce que la acción es inconstitucional y por el otro ha promovido la negociación con los golpistas. Esta semana, Obama ha cuestionado a quienes exigen que su gobierno asuma un mayor compromiso para reponer a Zelaya. "Los mismos críticos que dicen que Estados Unidos no ha intervenido lo suficiente en Honduras, son las personas que dicen que nosotros siempre estamos interviniendo y que los yanquis tienen que salir de América Latina. No se pueden tener las dos cosas", dijo intentando confundir las críticas. Si "esos críticos piensan que deberíamos repentinamente actuar de una forma que en cualquier otro contexto les pareció mal" entonces "eso indica cierta hipocresía en su enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina", añadió Obama.

Lamentablemente, su gobierno si sigue actuando de otra manera en otros contextos, y eso no le debe impide demostrar su compromiso con la legalidad en Honduras de una manera más evidente. Hipócrita, por decir lo menos, es su política de negociar con los golpistas a más de un mes de la expulsión del presidente constitucional, apoyar una fórmula de negociación que implica el éxito del golpe, y mantener la base militar en Honduras.

Nadie le ha reclamado que invada Honduras –como hizo EE.UU en Granada en 1983, Panamá en 1989 y Haití en 2004, por ejemplo- para restituir a Zelaya, sólo que sea más claro en su rechazo al golpe, ya que un día dicen que no apoyan a nadie y otro que respaldan a Zelaya mientras siguen negociando con Micheletti. Que convenzan a los militares golpistas, formados en la Escuela de las Américas -que ellos dirigen- que no tienen futuro desconociendo la legalidad.

Hipócrita, es también ampliar la presencia militar norteamericana en Colombia, negando que el uso se las bases militares colombianas y el incremento de soldados y asesores, sea un elemento de agresión y presión a otros países en la región. El narcotráfico no se siente amenazado por el ejército norteamericano, al contrario, si revisan la experiencia en Afganistán, verán que el tráfico de drogas y su producción aumentó tras la invasión norteamericana.

Además hay que recordar que congresistas de su propio partido se han negado a respaldar el Tratado de Libre Comercio con Colombia por la violación a los derechos humanos que se comenten en ese país, especialmente con los dirigentes sindicales. El respaldo al gobierno de Uribe con esos acuerdos es una posición en sentido contrario al proclamado respeto a los derechos humanos.

También es hipocresía negar que desde la ejecución del Plan Colombia, que Obama amplia ahora con el uso de las bases militares, la exportación de cocaína continúa en aumento, en la misma medida que la violación de los derechos humanos por parte del ejército colombiano. Es faltar el respeto a la inteligencia sostener que el uso de las bases tiene como objetivo combatir el narcotráfico. El mismo objetivo tenía el plan Colombia y no ha sido efectivo en ese plano. Tampoco la base que Estados Unidos tenía en Manta, Ecuador, resultó efectiva. Estados Unidos no hace nada por controlar el consumo interno de drogas, perseguir el lavado de dinero en su país, y mucho menos impedir la exportación de los productos químicos necesarios para transformar la hoja de coca en cocaína.
Obama afirmó que “seamos absolutamente claros: tenemos un acuerdo de seguridad con Colombia desde hace muchos años y lo hemos actualizado”. Es decir, reconoce que su política es continuidad de la política de los gobiernos anteriores. Ningún cambio en el apoyo a los militares, y de hecho a los paramilitares colombianos.

Para resumir, Obama debería recordar que dirige un país, o cree que dirige, que no tiene moral para hablar de hipocresía política, y debería saber que cada acción emprendida está precedida por esos antecedentes, que en América Latina, son de intervención y no precisamente en defensa de la democracia y la justicia social.

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