Efrain Moncada Silva, La Tribuna, 20 de agosto de 2009

Como se han estado tergiversando por los promotores, ejecutores y avalistas del golpe militar algunos conceptos jurídicos con el evidente propósito de confundir la opinión pública, vamos a explicar el verdadero sentido de dichos conceptos, aunque algunos se molesten por lo que aquí estemos diciendo.

Nadie puede ocultar que en el requerimiento fiscal, así como en la orden de captura, detención violenta y expatriación del presidente Zelaya, se quebrantaron derechos establecidos en la Constitución de la República, la misma que algunos pregonan hipócritamente defender.

Examinemos objetivamente los sucesos a la luz del texto constitucional y del Código Penal.

1) Lo que se produjo en Honduras es simple y sencillamente un golpe militar disfrazado de una ejecución de una orden judicial, porque aún en el supuesto de que el requerimiento fiscal haya sido correcto, que no lo fue, el juez nominado por la Corte Suprema de Justicia debió dirigir la orden de detención a la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 293 de la Constitución de la República y el Art. 5 número 4 de la Policía y Convivencia Social, entre otras disposiciones legales, y no al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ni al oficial militar que directamente ejecutó la operación.

2) Se ha tratado de justificar la expatriación inventando una absurda tesis acerca del “estado de necesidad” que ni remotamente tiene que ver con el caso. Veamos:

a) El Art. 24 del Código Penal dispone: “Se hallan exentos de responsabilidad penal:… 4) Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro”.

b) El doctor René Suazo Lagos especialista en Derecho Penal, en su obra “Código Penal Comentado”, página 22, dice en términos generales con relación al estado de necesidad lo siguiente: “Se da cuando para salvar un bien jurídico en peligro se sacrifica otro bien jurídico perteneciente a otra persona”. Y explica que el Art. 24 establece dos casos distintos: El primero, cuando para salvar un bien jurídico se causa daño en el patrimonio ajeno; el segundo, cuando la lesión de un bien jurídico se causa impulsado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro de un peligro no causado por el autor voluntariamente ni evitable de otra manera. En este segundo caso puede quedar comprendido el aborto terapéutico y el homicidio necesario.

c) El supuesto estado de necesidad que alegan los que quieren justificar a toda costa la expatriación del titular del Ejecutivo, no es más que otro sofisma de los que han venido recurriendo los involucrados en la vasta confabulación que culminó con el golpe de Estado, que han demostrado ser capaces para lograr sus propósitos de torcer y acomodar la Constitución y las leyes con interpretaciones antojadizas.

3) En cuanto a la llamada “sucesión presidencial constitucional” que se dio incorrectamente en el Congreso Nacional, es otra de las tesis completamente falsa, inventada para engañar a los ingenuos o para autojustificarse del desaguisado jurídico que cometieron la mayor parte de los llamados “representantes del pueblo”.

De acuerdo con el Derecho Constitucional es imposible separar el hecho de la destitución del Presidente de la República usando la fuerza, la violencia y la expropiación, del posterior nombramiento y asunción del cargo del que venía actuando como presidente del Congreso Nacional. Si la destitución es ilegal por quebrantar normas constitucionales, que por un lado, exigen la falta absoluta, es decir, muerte, incapacidad total, permanente o renuncia, que no se dio en el presidente Zelaya; y por otro lado, se le destituyó mediante el uso de la fuerza y la violencia, inclusive expatriándolo, el ascenso al cargo de Micheletti no es un sucesión presidencial constitucional porque tiene vicios de inconstitucionalidad, aunque quien lo asumió sea uno de los funcionarios mencionados en el citado Art. 242 de la Constitución, cuyas disposiciones, así como las del Art. 239 de la misma, fueron interpretadas en forma torcida, tendenciosa y acomodada al golpe militar.

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