Germán Ojeda

Hace más de cincuenta días, los oligarcas civiles y militares hondureños dieron un golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. A pesar del rechazo unánime de la comunidad internacional; a pesar de las sanciones diplomáticas y económicas impuestas al país; y a pesar de las movilizaciones sociales, los golpistas siguen en el poder, tratando de ganar tiempo y de explicar al mundo que la expulsión de Zelaya de la presidencia no fue un golpe de Estado, sino un golpe “técnico” –podrían haberlo llamado también “cientifico”– porque, como acaba de declarar el máximo general Romeo Vásquez: “Sino los militares estaríamos en el poder”.

El militar dijo más, dijo que el Ejército actuó dentro de la ley obedeciendo órdenes de la Corte Suprema, que a su vez anuló la decisión del presidente Zelaya de hacer una consulta para una posible reforma constitucional; que a su vez respondió a una demanda de la mayoría del Congreso para revocar el poder presidencial; que a su vez nombró jefe de Estado al presidente de la Cámara, Roberto Micheletti. Todas las fuerzas “vivas” de Honduras –políticas, judiciales, militares y hasta religiosas– han estado de acuerdo: Zelaya había cometido un crimen de lesa patria al querer consultar al pueblo si estaba o no de acuerdo con una reforma de la vieja constitución, impuesta al país tres décadas atrás, que blindaba el poder de la oligarquía hondureña tras la correspondiente farsa electoral.

Zelaya quería impulsar en Honduras lo que habían hecho antes con éxito Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia: promover la posibilidad de una reforma constitucional para facilitar la participación democrática y las reformas económicas y sociales que necesitaba uno de los países más atrasados, desnutridos, pobres e injustos de América Latina, donde un puñado de familias son las dueñas absolutas de la tierra, la riqueza, las instituciones y los medios de comunicación, en alianza con algunas multinacionales nortea-mericanas, sobre todo fruteras, como la legendaria United Fruit, que pusieron y quitaron presidentes a su antojo desde comienzos del siglo XX.

Pero además de querer acabar con ese “absolutismo democrático” y modernizar Honduras con nueva arquitectura constitucional que garantizara un nuevo contrato social, Zelaya cometió otros pecados imperdonables, como aumentar el salario mínimo, aprobar algunas leyes de protección laboral, rescatar la base militar norteamericana de Palmerola para uso civil y, sobre todo, incorporar Honduras al club del ALBA, promovido por Chávez y sus aliados izquierdistas en América Latina. Zelaya, un liberal reformador que creía de buena fe en la doctrina social de la Iglesia, había traicionado a sus pares, así que la oligarquía hondureña, la más pro norteamericana y reaccionaria de Centroamérica (en otros países del istmo hubo grandes líderes nacionalistas como Arbanz o Sandino), no se lo toleró y, apoyándose en las experiencias ajenas y en los halcones del Norte, organizó este golpe “técnico”. En efecto, como ya se sabe los oligarcas locales contaron desde el principio con los zares republicanos que iban y venían todavía por Tegucigalpa desde los viejos tiempos de la guerra sucia de la Contra, lanzada desde aquí para derribar la revolución sandinista en Nicaragua, y después con los hombres de Bush, desde el actual embajador de origen cubano, Hugo Llorens, al anterior mandamás para América Latina, John Negroponte, pasando por algunos asesores y abogados de Bill Clinton, como Lanny Davis o B. Ratcliff, por supuesto conectados también con Hillary Clinton, que en estas semanas se ha encargado de tratar de blanquear la operación vía Costa Rica.
La jugada de esta triple alianza, Oligarquía-Pentagono-Departamento de Estado, consistía en tratar de vestir el golpe y no fallar como sucedió en el 2002 en Venezuela o el año pasado en Bolivia. A la tercera va la vencida, así que había que presentar el zarpazo como una operación “constitucional” –sin sangre ni metralletas– y había que buscar luego la legitimación del golpe y el desgaste de Zelaya y de la resistencia popular. Estados Unidos estaba detrás del problema y de la solución, una solución que era una trampa porque ignoraba a la OEA y encargaba al fiel amigo ex presidente de Costa Rica Óscar Arias como mediador, una solución que colocaba a los fascistas y a los demócratas en la misma mesa, en fin, que obligaba a Zelaya a aceptar por la fuerza la retirada de la consulta y el fin de sus proyectos chavistas.

Lo dijo con toda claridad hace unos días el portavoz del Departamento de Estado P. Crowley y es el meollo de la cuestión: “Nosotros creemos que si tuviéramos que elegir un gobierno modelo y un líder modelo en la región para que los demás países lo siguieran, el actual liderazgo de Venezuela no sería ese modelo. Si esa es la lección que ha aprendido el presidente Zelaya de este episodio, entonces sería una buena lección”.

Este es el estado del golpe, un golpe de Estado elaborado, manejado y maquillado por Estados Unidos, y ejecutado por una oligarquía retrógrada y antipatriota siempre dispuesta a hacer el trabajo sucio, que puede acabar en un baño de sangre, que pone contra las cuerdas a Zelaya y a la democracia hondureña, que está pensado contra Chávez y contra los avances de los gobiernos de izquierda en su patio trasero y que, además, está poniendo a prueba la credibilidad y la política del “nuevo comienzo” de Obama en América Latina. Un mes después del golpe, la llave para cerrar la grave crisis hondureña está en Washington. A Obama le toca tirar de una vez por todas al basurero de la historia el monroísmo intervencionista y la política del “gran garrote”, y empezar aplicar en Honduras la del “buen vecino” de su admirado Franklin D. Roosvelt.

Germán Ojeda es Profesor Titular de Historia Económica de España y América Universidad de Oviedo

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