Vicenç Navarro

A raíz del golpe de Estado ocurrido en Honduras, las derechas –tanto en España como en el extranjero– se han movilizado para explicar (y frecuentemente justificar) tal golpe con el argumento de que, en realidad, casi nadie en Honduras quería al depuesto presidente Zelaya y que muy pocos desean ahora su vuelta a la Presidencia de aquel país. Tal mensaje ha sido ampliamente promovido por autores y medios conservadores y liberales, expresándose en narrativas distintas y con matices diversos con un mensaje prácticamente idéntico. Así, J. Ibarz escribió en La Vanguardia (16-07-09) que “los hondureños no parecen desear el retorno de Zelaya”. La Vanguardia también publicó una entrevista con el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, en la cual defendía el golpe militar refiriéndose a la falta de apoyo al presidente depuesto que había violado –según él– la Constitución hondureña (12-07-09). Mario Vargas Llosa se refirió también a esta falta de apoyo popular al presidente depuesto en su artículo publicado en El País (12-07-09), en el que criticaba el golpe militar por haber hecho del presidente depuesto un mártir para la opinión internacional, aunque no en la hondureña, donde Zelaya era muy poco popular, con poca gente deseando su regreso.

A nivel internacional, el liberal The Economist (que apoyó la elección de los candidatos republicanos a la Presidencia de EEUU en las últimas cuatro elecciones estadounidenses) promovió la misma visión de los hechos en Honduras, subrayando que el apoyo internacional al presidente depuesto no se reflejaba en la propia Honduras, donde no había habido una protesta por su deposición (04-06-09).Y en EEUU, The Wall Street Journal (cercano a la ultraderecha republicana de EEUU) publicó un artículo en el que, por primera vez, se cuantificaba esta falta de apoyo al presidente Zelaya haciendo referencia a una encuesta Gallup realizada en Honduras que señalaba que nada menos que el 41% de los hondureños estaban a favor del golpe que depuso al presidente Zelaya y sólo un 28% se opuso (10-07-09). Esta información fue distribuida por la agencia Reuters y puesto que esta era la única noticia en la que estadísticamente se podía mostrar el grado de apoyo al golpe y desafecto con el presidente, se convirtió en la referencia utilizada por todos aquellos que deseaban promover tal visión de falta de apoyo popular que explicaba (cuando no justificaba) tal golpe militar. En España, estamos familiarizados con este tipo de argumentos, pues también los utilizaron los golpistas de 1936.

El único problema de esta explicación es que es falsa y los números son erróneos. En realidad, los números eran precisamente contrarios a lo que todos aquellos individuos y agencias habían indicado. El presidente de la compañía de encuestas Gallup, en una entrevista que dio a Voice of America (09-07-09), mostró los datos reales. Indicó que la encuesta realizada por su agencia mostraba que el 46% se oponía al golpe militar que depuso al presidente y sólo un 28% lo apoyó, precisamente al revés de lo que las derechas han citado. The New York Times (10-07-09) sí que publicó aquellas cifras correctamente, como también lo hizo The Associated Press. Hasta hoy, ninguno de los autores, medios o agencias que informaron incorrectamente de los resultados de aquella encuesta ha pedido disculpas por aquel error (o manipulación), ni tampoco han clarificado que era un error. Tampoco es cierto que el presidente Zelaya fuera impopular antes del golpe, tal como han indicado aquellas voces de derechas. Según una encuesta Gallup realizada el 8 de febrero, el 53% de los hondureños tenía una opinión favorable del presidente Zelaya y sólo un 23% la tenía favorable de Micheletti, que lideraba, en la práctica, la oposición al presidente.

Hoy, la mejor prueba de que hay oposición al golpe militar es el propio estado de sitio, enormemente represivo, con completa anulación de las libertades elementales en una democracia, incluida la libertad de prensa. Si hubiera tal apoyo generalizado al gobierno golpista de Micheletti, no se necesitaría tal brutal represión.

Otra justificación que se le ha dado al golpe militar es la necesidad del golpe para impedir la continuación de Zelaya como presidente, lo cual hubiera ocurrido de hacerse el referéndum. Aquí, de nuevo, la falta de veracidad es la norma. En primer lugar, lo que se llama referéndum no era tal. Era una encuesta (la Encuesta de Opinión Pública, Convocatoria de Asamblea Constituyente), que estaba gestionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El presidente tenía plena autoridad, según la Ley de Participación Ciudadana de 2006, de pedir al INE que realizara tal encuesta. En tal pregunta de la encuesta, no se hacía ninguna referencia a la reelección del presidente. Se pedía a la ciudadanía su opinión sobre la conveniencia de que la Asamblea, que la población elegiría el día de las próximas elecciones en noviembre, se encargaría de escribir una nueva Constitución. La versión actual de la Constitución fue escrita en 1981 y fue aprobada al término de la dictadura militar (que tuteló su preparación), que impuso toda una serie de cláusulas que protegen el enorme poder económico y político de la oligarquía que rige el país, así como de los intereses extranjeros, predominantemente estadounidenses, que han tenido una enorme influencia en la vida económica y política de aquel país (la expresión “república bananera”, utilizada para referirse a un país gobernado en la práctica por una compañía bananera, se utilizó precisamente para definir a Honduras).

La enorme hostilidad de la oligarquía hondureña a que se modificaran tales privilegios garantizados en aquella Constitución fue la causa real del golpe militar. En cuanto a la continuidad de Zelaya en su mandato, el calendario –incluso si se hubiera iniciado el proceso constituyente– impediría que Zelaya continuara, pues el proceso constituyente no es un proceso inmediato y el mandato terminaría cuando se eligiera una nueva Asamblea. Este hecho, como otros, es ignorado en la constante manipulación derechista.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University.

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