Aníbal Delgado Fiallos, La Prensa, 27 de agosto de 2009

Las sanciones acordadas por la OEA pienso que no han sido concebidas contra Honduras, sino contra quienes planificaron y ejecutaron el golpe del 28 de junio, lamentablemente lo que al final siempre consiguen estas medidas de bloqueo al comercio y a la cooperación es hacer más penosa la vida de nuestro pueblo, sobre todo la de los más pobres.

El agravamiento de la crisis económica se ha iniciado, las recaudaciones fiscales disminuyen, los dólares se vuelven más escasos, lo cual anuncia una devaluación, decenas de programas sociales están paralizados, las empresas ajustan su gestión, y en estos ajustes el empleo y los salarios son los primeros afectados; no se trata de presentar un cuadro dramático, pero es la realidad.

Las sanciones acordadas por la OEA no buscan respaldar políticamente a nadie en particular, ni avalar pasadas acciones de gobierno; son producto del convencimiento de que el golpe atenta contra principios democráticos fundamentales, que es una obscenidad que ya nadie se atrevía a cometer y que dejarlo impune es abrir el atajo para que en otros países del Hemisferio los militares penetren y establezcan la dictadura.

La clase de mayor poder económico jamás ha estado dispuesta a hacer sacrificios por Honduras; sin raíces en lo nuestro, siempre ha respirado y suspirado por lejanos paraísos, y los criterios de alta rentabilidad hacen que priorice sus estados financieros a las duras estadísticas de nuestra realidad, y esto nadie debe juzgarlo mal, es la lógica de hierro del capitalismo; por eso yo no creo en esos llamados patéticos a la inmolación colectiva y pienso que más temprano que tarde negociará ella sola en función de sus intereses.

Por eso insisto en que la clave de la paz está en suscribir el acuerdo de San José en su versión actual o modificada; pueden abrir las puertas a soluciones estables compromisos como la renuncia de Micheletti, avanzar en un proceso electoral sin el peso agobiante de la tradición bipartidista y convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución en el marco de un convenio que permita una integración novedosa por la participación popular e impida el monopolio de las fuerzas políticas caducas.

Los voceros del alto poder económico han comenzado a pontificar sobre un nuevo contrato social en Honduras en el que se privilegie la atención a las demandas del movimiento social; si hay sinceridad en este planteamiento, que cese la obstinación y que se inicie con histórica audacia el camino hacia la consolidación de la paz y la transformación democrática de nuestra sociedad.

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