Edmundo Orellana, catedrático universitario, La Tribuna 1 de septiembre de 2009

Nuestros políticos fueron incapaces de resolver sus diferencias mediante el diálogo. Esto es malo, muy malo, porque nos revela que para ellos la cantera de recursos civilizados se ha agotado. Los responsables de esta tragedia nacional, alegan que la crisis se inicia con un conflicto entre poderes del Estado. El Poder Legislativo acusa al Ejecutivo de no enviarle, dentro del plazo constitucional, el Presupuesto General de la República y de negarse a transferir los recursos presupuestarios propios del Congreso Nacional, sin aducir explicación alguna.

El Ejecutivo y el Judicial se ven enfrentados porque el primero amenaza con no someterse a un fallo judicial, emitido sin asidero jurídico (sustantivo y formal) ni racional, que muestra la grave situación en que se encuentra la justicia en nuestro país, pero que es obligación ineludible cumplirla, a pesar de ser un indiscutible absurdo jurídico, en apego a elementales reglas de orden legal y, en el caso del funcionario, de orden moral; estas últimas derivadas del juramento constitucional cuando, al momento de tomar posesión, protesta “Ser fiel a la República”.

Estos conflictos, aún cuando resulten excesivamente perturbadores para la institucionalidad, pueden solucionarse utilizando los mecanismos que nuestra legislación ofrece para ello.
En todos los países civilizados la solución de los conflictos entre los poderes del Estado corresponde a la Justicia Constitucional, cuya competencia puede estar atribuida al Poder Judicial o a un Tribunal Constitucional.

Nuestra Constitución, desde hace muy poco, ciertamente, confiere a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la potestad de “dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado” (Art. 316, No. 2). Por ello, en el caso del Presupuesto General de la República y la respectiva transferencia, bastaba con radicar la respectiva demanda en la Sala de lo Constitucional para que esta, previo los trámites respectivos, declarara en sentencia lo que hubiere lugar en Derecho y ordenara las acciones que procediesen o prohibiera la emisión de actos o la ejecución de actividades, según lo que el caso impusiere.

El conflicto derivado de la amenaza de incumplir la sentencia de marras, se resuelve, una vez consumado el delito, aplicando las sanciones previstas en nuestra legislación penal, previa conclusión del respectivo proceso, sustanciado, en el caso de los altos funcionarios del Estado, ante un Juez designado por la Corte Suprema de Justicia de entre sus integrantes.
Cuando una persona, funcionario o no, incurre en una infracción a la norma jurídica, el único que puede arbitrar una solución es el sistema de justicia. No importa la materia de que se trate.

Siempre habrá un tribunal competente para declarar el derecho y adoptar las medidas pertinentes para asegurarlo.
Nuestros políticos tomaron el atajo para evitar las complicaciones del camino principal. Acudieron al sistema judicial sólo en materia penal, pero al final decidieron zanjar el conflicto sumariamente, circunstancia esta que ha sido abordada ampliamente en artículos anteriores.

Ahora resulta que todos se imputan, entre sí, actos u omisiones de los previstos como delitos en nuestro Código Penal. En otras palabras, supuestamente todos violaron la ley. Si es así, es de suponer que todos serán perseguidos por la justicia. Unos, son perseguidos hoy; mañana, serán los otros.

La pregunta obligada es: ¿Qué gana el país con procesar a todos los responsables de estos actos irracionales? Nada. En primer lugar, porque no hay ni habrá cárcel para tanta gente. En segundo lugar, porque la amenaza de la persecución judicial o de una sentencia condenatoria agrega más tribulación a la crisis que desgarra las entrañas del pueblo hondureño. Tarde o temprano llegarán a esta conclusión, pero si es más tarde que temprano, la crisis se agudizará innecesariamente.

La única manera de resolver un problema jurídico que tiene implicaciones notoriamente políticas, es la amnistía. Los actos mencionados, anteriores al 28 y del 28 en adelante, son de naturaleza estrictamente política, por lo que cabrían dentro del catálogo de “delitos políticos”. Y estos en su naturaleza cuentan con el atributo de ser potencialmente objeto de un olvido, no por razones jurídicas, sino políticas, buscando la paz, la convivencia social.

La tragedia que vivimos los hondureños sólo se superará con la reconciliación nacional, cuyo proceso de formación no podrá prescindir de la amnistía; y esta forma parte del Acuerdo de San José. Poderosa razón para reflexionar sobre la idoneidad y conveniencia de la propuesta Arias.

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