El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, aseguró este viernes que el cerco militar que rodea la embajada de Brasil responde a la petición del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva de garantizar la seguridad en su interior.

"Nosotros sólo estamos respondiendo a la petición que hizo el gobierno del señor Lula da Silva al gobierno de Honduras que quería garantizar la Embajada, el edificio y también la vida del que estaba dentro", dijo Micheletti en declaraciones a periodistas.

Las declaraciones las ofreció después que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara los actos de intimidación contra la embajada de Brasil, donde se encuentra el presidente constitucional, Manuel Zelaya, desde el lunes e insistió que están comprometidos a "garantizarle la parte de afuera al gobierno brasilero".

Al ser cuestinado sobre si iba a acatar la resolución de las Naciones Unidas, Micheletti insistió en la respuesta anterior y negó que se estén interfiriendo teléfonos o lanzando gases en ese edificio.

El presidente Manuel Zelaya denunció este viernes, desde la embajada de Brasil, que las fuerzas militares hondureñas, que reciben ordenes del gobierno de facto, lanzaron gases tóxicos contra la embajada.

Según la información suministrada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), estos gases no identificados, provocaron intoxicaciones, sangramiento, vómitos y mareos a las personas que se encuentran dentro de la sede diplomática.

Al finalizar la tarde de este viernes, un delegado del Comité de la Cruz Roja Internacional denunció que le fue negado el ingreso en la embajada de Brasil en Honduras a un grupo de médicos que pretendió atender a las víctimas de los gases tóxicos.

En tanto, el canciller de Brasil, Celso Amorim, explicó este viernes en el Consejo de Seguridad la crítica situación humanitaria que se vive en la Embajada, a la que se le han cortado los suministros de agua, luz, alimentos y comunicaciones.

Pese a estas denuncias, Micheletti descartó levantar el cerco policial si el gobierno de Brasil así lo pidiera y expresó que "la responsabilidad del gobierno no sólo es resguardar los locales del gobierno de Brasil en Tegucigalpa, sino también proteger a la población, las casas aledañas, los comercios".

Por su parte, el ministro de Exteriores de facto Carlos López, dijo que lo que ha ocurrido en Honduras es una cuestión que no amenaza la paz ni la seguridad internacionales, "en consecuencia no debería haber una intromisión ni de países ni de gobiernos ni de organizaciones internacionales".

Insistió en recordar unas declaraciones de Zelaya en las que supuestamente dijo que había consultado su regreso a Honduras con Lula y Amorim y aseguró que "en función de esas autorizaciones hay una grave responsabilidad internacional del gobierno del presidente Lula" en la crisis que vive el país.

Micheletti reiteró que la vuelta de Zelaya al poder, como prevé el acuerdo de San José, está "totalmente descartada porque la Constitución no permite que nadie que ha sido presidente pueda volver. Además, él tiene cuentas pendientes con la ley en nuestro país", dijo el gobernante ilegítimo sobre Manuel Zelaya, quien no ha dejado de ser presidente de Honduras.

Al ser consultado por un eventual diálogo entre los dos, Micheletti dijo que "una vez que él (Zelaya) se presente, que él arregle la situación, que conteste lo que ha pasado y todas las preguntas que tendrán que hacerle los juzgados, no habrá ningún problema" en sentarse con el legítimo presidente.


teleSUR-Efe/ve - MM

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