Corte Suprema y Fiscalía evaden iniciar procesos judiciales contra funcionarios del gobierno de facto.

Así lo denunciaron varias organizaciones de la sociedad civil, quienes citan los 10 recursos de inconstitucionalidad, los 16 amparos y los 26 habeas corpus contra el actual gobierno y las medidas que ha tomado en contra de la población hondureña y que permanecen inamovibles.

Tegucigalpa, Honduras.-En conferencia de prensa, realizada en la parte frontal de la Corte Suprema de Justicia, el Frente de Abogados y abogadas en Resistencia, el Comité de Detenidos-desaparecidos en Honduras –COFEDEH-, el Centro de Derechos de las Mujeres –CDM- y las Feministas en Resistencia, demandaron de la Corte Suprema y del Ministerio Público, celeridad en las demandas y denuncias interpuestas contra funcionarios del gobierno de Micheletti Baín.

“Hasta ahora la Sala de lo Constitucional han desestimando algunos de ellos y aún no se ha pronunciado en otros, contrario a lo que sucedió cuando el presidente Zelaya fue violentamente sacado del poder y se inventó un proceso judicial que en el lapso de 13 horas”, dijeron a través de un comunicado que se leyó a la opinión pública al referirse a los recursos de inconstitucionalidad, amparos y habeas corpus interpuestos desde el pasado 28 de junio hasta el 10 de septiembre.

Claudia Hermansdorfer, en representación del Centro de Derechos de las Mujeres, cuestionó la rapidez con la que se enjuicia y se encarcela a quienes protestan en las calles por la restitución del orden constitucional en el país, no así, la lentitud de las autoridades para proceder en los casos denunciados contra los funcionarios del actual gobierno.

De acuerdo al recuento que manejan estas organizaciones, a la fecha a unas 43 personas se les ha acusado de delito de sedición, sin pruebas más que la participación que han tenido en las calles, junto a miles de hondureños más, censurando el golpe de Estado.

En relación con el Ministerio Público, se mencionó la interposición de denuncias, “ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra de la policía y las fuerzas militares; ante la Fiscalía contra la Corrupción, en contra Carlos Roberto Flores y Oscar Andrés Rodríguez por malversación de caudales públicos”.

Asimismo se mencionó la denuncia presentada, hace 90 días en forma directa, al Fiscal General del Ministerio Público por los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno y contra los altos funcionarios del Estado, terrorismo, rebelión, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y allanamiento de morada, en contra de los señores Romeo Vásquez Velásquez, Miguel Antonio García Padgett, Juan Pablo Rodríguez, Luis Javier Prince Suazo, todos ellos comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como en contra del señor Roberto Micheletti Baín, José Alfredo Saavedra, Ramón Velásquez Názar, Juan Orlando Hernández, Toribio Aguilera, Martha Lorena Alvarado y los demás diputados que participaron y aprobaron el decreto de destitución del presidente Zelaya.

Las organizaciones protagonistas de la conferencia de prensa refieren que “en estas denuncias no se han iniciado diligencias; solamente se han enviado oficios a las instituciones pertinentes y estos han sido contestados, pese a que las mismas tienen hasta tres meses de haber sido interpuestas”.

¿Quién va a responder por las muertes y asesinatos de los manifestantes?

Con esa pregunta, la Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, cuestionaba también, la ausencia de acciones de parte de los operadores de justicia, para investigar, enjuiciar y encarcelar a los policías y militares que en las represiones de los miembros de la Resistencia, han dado muerte a unas 14 personas.

Donato Elvir, representante de la barra de Abogados contra el golpe de estado, también elevó su voz de protesta y cuestionó la precariedad de los operadores de justicia a la hora de actuar con las denuncias presentadas.

Elvir dijo que la sociedad había considerado un logro el resultado que se tuvo en la selección de las y los magistrados en el mes de enero del presente año, sin embargo agregó, que los hechos acaecidos el 28 de junio y el accionar de la Corte Suprema en relación con las denuncias en contra de quienes realizaron el golpe de estado, deja mucho que desear y sugiere un retroceso de ese poder del Estado.

Las organizaciones denunciantes exhortaron a las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia a realizar su trabajo, enmarcado en la justicia y equidad y no en pro de los intereses de los grupos de poder de Honduras.

Oscar Rolando Vargas Figueroa

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