Autoridades judiciales y activistas hondureños denunciaron este jueves que continúan restringidas las libertades civiles en la nación, pese a la derogación del decreto de suspensión de garantías que anunció el gobierno de facto el pasado 5 de octubre, pues tal decisión aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial, lo que mantiene un clima tenso en el país.

"La situación es muy grave, se ha creado una nebulosa jurídica porque la resolución que suspende el decreto no ha sido publicada en La Gaceta (diario oficial) y la Corte Suprema de Justicia tiene parado el conocimiento de muchos recursos de amparo", denunció la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce.

Según la funcionaria, la Fiscalía "ya ha agotado internamente todo lo que puede hacer".

Ponce indicó que de continuar la suspensión de libertades civiles, tiene la opción de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que valore la situación.

La suspensión de garantías fue emitida hace dos semanas por el gobierno de facto, y bajo esa medida, se impidieron las libertades de reunión, asociación y prensa. Se les coartó a los opositores hacer manifestaciones públicas y también se cerraron los dos únicos medios que denunciaban los delitos del régimen, la radioemisora Globo y el Canal 36 de televisión.

Ante la presión de la Comunidad Internacional e interminables demandas, el presidente de facto, Roberto Micheletti, cedió el pasado lunes y derogó el decreto con el que restringió el 27 de septiembre las citadas garantías civiles.

Según Ponce y activistas de la resistencia hondureña contra el golpe de Estado que sacó del poder al mandatario legítimo, Manuel Zelaya, las medidas restrictivas se siguen aplicando con el argumento de que el decreto no ha sido publicado en Gaceta Oficial, por lo que sigue vigente.

"Lo más grave de todo, es que se mantienen cancelados los dos medios de comunicación, en detrimento de los derechos de expresión del pensamiento y de acceso a la información", aseveró la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce.

Afirmó que la suspensión del garantías viola claramente la Constitución, "que excluye a los medios de comunicación del catálogo de derechos que pueden ser suspendidos o restringidos".

Por su parte, el dirigente popular Rafael Alegría aseguró que el levantamiento del decreto no fue más que "un acto de apariencia, para hacer creer al pueblo hondureño y la comunidad internacional que la situación política del país se estaba normalizando".

"En la práctica los derechos de movilización y expresión siguen siendo negados al pueblo", añadió a su denuncia.

El ministro de la Presidencia de facto, Rafael Pineda, en un intento de mitigar las denuncias, dijo que el retraso en la publicación en Gaceta del nuevo decreto, se debe a que la rotativa del periódico se descompuso, sin dar más detalles acerca de cuándo será resuelto el problema.

Un muerto más

En tanto, la nación se sigue debatiendo en la incertidumbre y la represión. El dirigente Eulogio Chávez, miembro del Frente Nacional de Resistencia, denunció que su compañero, Mateo Antonio Leiva, de 50 años, miembro de la etnia lenca fue asesinado en su vivienda el pasado 2 de octubre, mientras regía en el país el toque de queda.

Eulogio Chávez detalló que fue asesinado por tres hombres enmascarados, vestidos de negro.

El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado aglutina a numerosas organizaciones sociales y políticas.


teleSUR - Afp - Pl - notimex / ld - MM

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