Percy Francisco Alvarado
Rebelión

Una nota de Frank Jack Daniel, periodista de la agencia Reuters, relacionada con las declaraciones del jefe de las unidades antidrogas de Honduras, Juan Arístides, sobre el aumento del tráfico de estupefacientes por territorio hondureño rumbo a Estados Unidos, puso sobre el tapete varios elementos de interés relacionados con esta criminal actividad, sobre todo la complicidad de las autoridades golpistas con la misma y, por otra parte, los intentos por involucrar al gobierno venezolano en esa actividad.

De acuerdo con este funcionario policial aliado de los militares golpistas, la causa del incremento de la actividad del narcotráfico tiene como principal culpable la suspensión de la ayuda estadounidense para combatirla. Pasó por alto, desde luego, que existen serias evidencias que han involucrado a las FF AA hondureñas y al propio Micheletti con los narcotraficantes de los carteles colombianos y mexicanos, situación ésta que ha sido ampliamente divulgada en los últimos años. Tal vez lo único creíble de sus declaraciones fue que los golpistas carecen de una estrategia para combatir al narcotráfico, que sería combatirse a ellos mismos.

La vinculación de los militares hondureños con el narcotráfico tiene sus oscuros orígenes en la década de 1970, bendecido por los militares en el poder desde el golpe de Estado de 1963, quienes autorizaban el paso por Honduras de la droga colombiana perteneciente al capo Ramón Mata Ballesteros. En 1977 estalló un escándalo tras la muerte de los esposos Ferrari, que involucró a la inteligencia militar hondureña y a varios altos oficiales como los coroneles Leónidas Torres Arias, Ramón Reyes Sánchez, Armando Calidonio, el teniente coronel Juan Angel Barahona, y al Capitán Carlos Coello.

El narcotráfico en Honduras tuvo un notable repunte a raíz de que su territorio fue usado por la CIA para apoyar a la contra nicaragüense dentro de las oscuras alianzas de los carteles colombianos y mexicanos con los operativos de la Agencia como Félix Rodríguez Mendigutía, Luis Posada Carriles, Oliver North, James Steele, Luis Orlando Rodríguez y otros. Mata Ballesteros actuaba como coordinador de los militares hondureños y la CIA con los carteles de la droga, quienes después lo protegieron luego del escándalo Irán-Contras. Ya en Honduras, se codeó en ese entonces con las principales familias hondureñas y los militares que hoy promovieron y apoyan el golpe contra Zelaya, encontrándose detenido por vida en una prisión estadounidense desde 1988.

Una manera de esconder los vínculos de las poderosas familias hondureñas y los militares de ese país con el narcotráfico ha sido el escamoteo de la verdad y lanzar acusaciones infundadas contra Venezuela y otros países miembros del ALBA, siguiendo las directrices del Departamento de Estado de Estados Unidos que la mantienen en la lista de países patrocinadores del narcotráfico.

En julio de 2009 un leguleyo vinculado a los golpistas, Rigoberto Espinal, acusó a Venezuela de propiciar el narcotráfico durante el gobierno de Zelaya mientras, paradójicamente, eran capturados varios agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), cargados con 43 kilogramos de cocaína.

Es tal el involucramiento de Honduras con el tráfico de drogas que varios candidatos a las anticonstitucionales elecciones del 29 de noviembre han adoptado en sus discursos dudosas promesas de enfrentamiento al narcotráfico. Así lo han hecho Porfirio Lobo Sosa, aspirante por Partido Nacional; Felicito Ávila, por la Democracia Cristina; Elvin Ernesto Santos Ordóñez, por el Partido Liberal y Bernard Martínez, por el Partido Innovación y Unidad.

Varios archivos de la DEA, desclasificados en 1997 involucraron a numerosos miembros de las FF AA de Honduras en las actividades del narcotráfico, como fueron los casos del general golpista Policarpo Paz García, Juan Blas Salazar, Gustavo Alvarez Martínez, José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Humberto Regalado Hernández, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer. Uno de ellos, Pinel Cálix, se involucró con Posada Carriles y la FNCA para instalar en Honduras un campamento de entrenamiento para contrarrevolucionarios de origen cubano, recibiendo en pago cerca de un cuarto de millón de dólares y para realizar un atentado contra el entonces presidente cubano Fidel Castro Ruz. Años antes, entre 1994 y 1995, preparó dos atentados contra el presidente hondureño en aquel tiempo, Carlos Alberto Reina.

Los funcionarios del poder judicial, incluidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como el Congreso de Honduras, facilitadores del golpe de Estado contra Zelaya, no se limitan a sacar provecho del tráfico de influencias y de la corrupción, sino también se han visto oscuramente ligados al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

El propio Roberto Michelleti ha aparecido en una lista de que dispone el Ministerio de la Defensa y Seguridad Pública de Honduras, redactada por Coronel René Adalberto Paz Alfaro, sobre las personas hondureñas y de otras naciones vinculadas al cartel de Cali. Se comenta que tanto Micheletti y el general golpista Vázquez, jefe del Estado Mayor hondureño, están fichados en los archivos de la DEA como vinculados a las operaciones del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, sus estrechos vínculos con la ultraderecha estadounidense les hace totalmente impunes a cualquier acción legal contra ellos.

Para colmo del cinismo, tanto Micheletti como los militares golpistas han desarrollado una fuerte campaña mediática para justificar sus acciones de facto contra Zelaya, del pasado 28 de junio, como una legítima reacción contra las actividades de narcotráfico ejecutadas por Manuel Zelaya y Hugo Chávez. La satanización de ambos estadistas tiene la finalidad de confundir a la opinión pública, a la par que justificar sus acciones anticonstitucionales.

Como legítima respuestas a las burdas acusaciones de los golpistas hondureños, cocinadas tras bambalinas con la anuencia de los congresistas de la ultraderecha estadounidense Jim DeMind, Ileana Ros Lehtinen y los hermanos Mario y Lincoln Díaz Balart, y otros, el Ministro del Interior de la república Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, negó tajantemente el pasado 15 de julio tales acusaciones contra Chávez y Zelaya.

Con todos los elementos examinados, no cabe duda que el actual régimen de facto hondureño es, sin lugar a dudas, una narcodictadura empresarial militar.

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