Editorial Diario Tiempo, 6 de octubre de 2009

El jefe de Estado de facto Micheletti ha terminado por derogar el decreto del estado de sitio –PCM-M-016-2009--, pero ésta no es la noticia, en realidad. Lo que importa es la evidencia del contubernio del congreso nacional y la Corte Suprema de Justicia para exculpar a la dictadura.

El congreso nacional, no obstante estar reunido cuando el dictador Micheletti, en consejo de ministros de facto, decretó –e hizo publicar en el Diario Oficial—el estado de sitio, no conoció dicho decreto como debió hacerlo para cumplir con el artículo 187 de la Constitución de la República. Por lo menos la junta directiva del congreso es responsable de esta violación constitucional, que no prescribe.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, recibió más de sesenta demandas de amparo contra el decreto de Micheletti. Solamente admitió unas pocas, pero sin conceder la suspensión del acto reclamado, con lo cual dejó que las violaciones a las garantías constitucionales, entre ellas la libertad de emisión del pensamiento y de empresa de comunicación social, continuaran en menoscabo de la paz y la seguridad de la población.

Tampoco la Corte Suprema de Justicia resolvió lo relacionado con el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de estado de sitio presentado por la Fiscalía de los Derechos Humanos, lo cual es otra comprobación del ayuntamiento con el congreso nacional, para, de esta manera, dejar indefensa a la sociedad frente a los desmanes del gobierno de facto.

Nos preguntamos, entonces, cuál será el seguimiento que se le dará a estas violaciones a la Constitución de la República por parte del Legislativo y del Poder Judicial, una vez que se restituya el Estado de derecho. Es obvio, en todo caso, que tales transgresiones a la Carta Fundamental no podrían considerarse delitos políticos ni delitos políticos conexos, en tanto afectan la base de la institucionalidad y de la seguridad jurídica.

También esto nos indica que, independientemente de la desaparición formal del estado de sitio, la indefensión de la población hondureña ante el abuso de poder de las autoridades civiles y militares continúa inalterable. Ahora, más que en ninguna etapa de nuestra historia, el control de la ley y de la fuerza pública se ha concentrado en un pequeño grupo de personas que carece de escrúpulos y de lealtad al país.

Esta situación, infortunadamente, no cambiará por efecto de las elecciones generales, sobre todo si éstas se realizan en las condiciones actuales, vale decir sin la restitución del orden constitucional y bajo las premisas planteadas en el Acuerdo de San José. Hasta este momento, la perspectiva de un cambio de actitud por parte de Micheletti no parece haber variado, aun cuando finja alguna flexibilización.
El jefe de Estado de facto Micheletti ha terminado por derogar el decreto del estado de sitio –PCM-M-016-2009--, pero ésta no es la noticia, en realidad. Lo que importa es la evidencia del contubernio del congreso nacional y la Corte Suprema de Justicia para exculpar a la dictadura.

El congreso nacional, no obstante estar reunido cuando el dictador Micheletti, en consejo de ministros de facto, decretó –e hizo publicar en el Diario Oficial—el estado de sitio, no conoció dicho decreto como debió hacerlo para cumplir con el artículo 187 de la Constitución de la República. Por lo menos la junta directiva del congreso es responsable de esta violación constitucional, que no prescribe.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, recibió más de sesenta demandas de amparo contra el decreto de Micheletti. Solamente admitió unas pocas, pero sin conceder la suspensión del acto reclamado, con lo cual dejó que las violaciones a las garantías constitucionales, entre ellas la libertad de emisión del pensamiento y de empresa de comunicación social, continuaran en menoscabo de la paz y la seguridad de la población.

Tampoco la Corte Suprema de Justicia resolvió lo relacionado con el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de estado de sitio presentado por la Fiscalía de los Derechos Humanos, lo cual es otra comprobación del ayuntamiento con el congreso nacional, para, de esta manera, dejar indefensa a la sociedad frente a los desmanes del gobierno de facto.

Nos preguntamos, entonces, cuál será el seguimiento que se le dará a estas violaciones a la Constitución de la República por parte del Legislativo y del Poder Judicial, una vez que se restituya el Estado de derecho. Es obvio, en todo caso, que tales transgresiones a la Carta Fundamental no podrían considerarse delitos políticos ni delitos políticos conexos, en tanto afectan la base de la institucionalidad y de la seguridad jurídica.

También esto nos indica que, independientemente de la desaparición formal del estado de sitio, la indefensión de la población hondureña ante el abuso de poder de las autoridades civiles y militares continúa inalterable. Ahora, más que en ninguna etapa de nuestra historia, el control de la ley y de la fuerza pública se ha concentrado en un pequeño grupo de personas que carece de escrúpulos y de lealtad al país.

Esta situación, infortunadamente, no cambiará por efecto de las elecciones generales, sobre todo si éstas se realizan en las condiciones actuales, vale decir sin la restitución del orden constitucional y bajo las premisas planteadas en el Acuerdo de San José. Hasta este momento, la perspectiva de un cambio de actitud por parte de Micheletti no parece haber variado, aun cuando finja alguna flexibilización.

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