El restablecimiento del orden constitucional, la restitución del presidente Zelaya Rosales y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

Omar Rivera

Desde que acaecieron los repugnantes hechos del 28 de junio de 2009, el pueblo hondureño y la comunidad internacional han venido pronunciándose en contra de la expatriación del presidente Manuel Zelaya Rosales y la ilegal destitución que decretó el Congreso Nacional; las razones esenciales para esta protesta tienen que ver con lo ilícito del destierro del legitimo mandatario –contrario al artículo 102 constitucional- y el abuso de autoridad por parte de los diputados quienes en ninguna disposición de nuestra Carta Magna tienen la faculta de separar al jefe del Poder ejecutivo de su cargo para el cual fue electo por el pueblo hondureño.

Es por lo antes mencionado que la conformación del Frente Nacional de Resistencia en contra del golpe de Estado y las manifestaciones públicas realizadas durante estos 100 días han tenido como fundamental objetivo el restablecimiento del orden constitucional y inmediata restitución de Zelaya Rosales en su posición; nada es más importante que esto, y nada debería de desconcentrar a los que resisten en las calles, se pronuncian a través de los medios de comunicación alternativos o tienen la responsabilidad de liderar este movimiento popular.

Abandonar el propósito de restablecer el orden constitucional es transitar por una ruta distinta a la originalmente planteada, irrespetar la normativa jurídica vigente y traicionar la espontanea lucha que ha librado la población en estas últimas 14 semanas de resistencia; una mesa de dialogo que no establezca como primer punto de discusión el retorno a la normalidad constitucional, la salida de los usurpadores del poder y la restitución del Manuel Zelaya Rosales en la silla presidencial, es una instancia que niega la justicia, parcha un exabrupto y legitima los infaustos hechos de la madrugada del ultimo domingo del mes de junio.

De la misma forma, negarse a continuar con la iniciativa encaminada a consultarle al pueblo si esta de acuerdo o no en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política que permita modernizar el Estado, garantizar la igualdad entre los habitantes de este territorio, suprimir los privilegios que dan ventajas a unos en detrimento del bienestar de otros, y poner la institucionalidad pública al servicio de todos e impedir que siga siendo el obstáculo a nuestro desarrollo, sería reconocer que los golpistas tienen la razón y que las acciones del retardatario conservadurismo catracho están justificadas.

Bajo ninguna circunstancia podemos desertar en esta batalla por reformar el Estado, hacerlo es traicionar a los millones de compatriotas que claman por un cambio; resulta inadmisible ceder ante la presión de quienes quieren conservar el status quo y los que se sienten amenazados con la transformación y la evolución de nuestra legislación.

El restablecimiento del orden constitucional, la restitución del presidente Zelaya Rosales y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no deben ni pueden ser objeto de negociación, ya que son el alma de esta lucha de resistencia al régimen de facto.

Hoy por la mañana, según cables internacionales, Roberto Micheletti Bain ha dicho que solamente permitiría la restitución de Manuel Zelaya luego de la celebración de las elecciones generales de noviembre y que no firmará ningún acuerdo que permita la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual adelanta que se sentará en la mesa de dialogo decidido a continuar mancillando nuestra Constitución y bloqueando cualquier intento de modernización de nuestro marco jurídico, asumiendo la misma posición que adoptó días antes del golpe de Estado, durante el mismo y posterior a esta transgresión al Estado de Derecho; esa postura de intransigencia no merece menos que una solida posición del presidente Zelaya Rosales, que esta obligado a hacer que se respete la Ley, se restablezca el orden constitucional y a no deponer de su lucha por la transformación de Honduras.

Una amnistía para todos aquellos delitos políticos que no sean relacionados la violación de los derechos humanos de los ciudadanos o a la malversación de caudales públicos, la integración de un gabinete de gobierno que integre a todos los sectores políticos y sociales del país y el respaldo a un proceso electoral que permita a todos los hondureños elegir y ser electos, son puntos en los cuales las partes podrían ponerse de acuerdo en lo especifico y particular, a fin de garantizar condiciones optimas para que el país transite en la recta final del período presidencial de Zelaya Rosales; de igual forma, la conformación de comisiones que ausculten en las entrañas de conflicto político para informar a la población de los alcances de las acciones de ambas partes y que señale a los protagonistas de tan tenebrosa etapa de la vida nacional, es necesario. Pero pensar que abandonar el elemento toral de la lucha popular es una solución, es una monumental equivocación, ya que solamente serviría para prolongar un estallido social y una confrontación de antecedentes nunca antes visto en el país.

La Ley debe imperar y nadie tiene que osar contener la evolución natural de los pueblos.

Tegucigalpa, MDC – 5 de octubre de 2009

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