Acusados de sedición por defender la Constitución

Giorgio Trucchi
Rel-UITA

38 hombres encerrados por dos días en una celda de 15 metros cuadrados

El pasado 30 de septiembre un operativo de la Policía y el Ejército desalojó a las 55 personas que en aquel momento se encontraban resguardando las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Tegucigalpa. Esta institución había sido tomada en protesta contra el golpe de Estado, por diferentes organizaciones campesinas con el respaldo solidario del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), organización afiliada a la UITA. Ahora, esta acción de defensa de la legalidad está siendo criminalizada por el poder judicial del país.

“Inhumano” es el término más adecuado para describir las condiciones en que se encontraban las 38 personas pertenecientes a las tres principales confederaciones campesinas del país (COCOCH, CHMC y CNC), al estar encerradas por 48 horas en una pequeña celda de 15 m² en la Jefatura Metropolitana de Policía Número 1, más conocida como Comandancia Regional 7 (CORE-7) de Tegucigalpa.

Sirel tuvo acceso en exclusiva a la instalación policial gracias a las gestiones del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y pudo conversar con los detenidos antes de que fueran trasladados en la Penitenciaría Nacional (PN), ubicada en Támara.

“Estamos siendo acusados injustamente por un delito, el de “sedición”, que no hemos cometido y por eso nos declaramos prisioneros políticos. A partir del mediodía de ayer, 1 de octubre, hemos iniciado una huelga de hambre indefinida, ingiriendo solamente líquidos. Tal vez de esta forma se nos va a hacer justicia –dijo Ramón Adalberto Díaz, uno de los 38 detenidos que fue escogido como vocero del grupo–.

Estamos viviendo en condiciones inhumanas, hacinados y en plena oscuridad. No tenemos energía eléctrica, hay solamente dos inodoros y estamos durmiendo en el piso. Tenemos 48 horas de no poder bañarnos y el calor es sofocante.

Hoy nos visitó la Cruz Roja Internacional –continuó Díaz– y le entregamos una petición para que solicite al jefe de la Estación de Policía que de alguna manera nos permita bañarnos”.

El aire filtra solamente a través de una pequeña ventana y dos hoyos abiertos manualmente en el cielorraso de concreto. La puerta principal de la celda, cuyas rejas fueron recientemente pintadas, emanan un desagradable olor a solvente,

“En la primera audiencia el juez no actuó con imparcialidad. Nos está negando la libertad condicional y nos obliga a quedarnos detenidos por seis días esperando la audiencia preliminar.

Ya nos hemos organizado. Conformamos diferentes comités, como el de Disciplina, Alimento, Salud y Prensa. Nombramos también un coordinador general, el compañero Leonel Cruz Padilla.

Nuestra resistencia va a ser histórica –concluyó Ramón Adalberto Díaz– y pedimos al mundo que nos ayude a través de la solidaridad, dando a conocer lo que nos está pasando y presionando para se nos haga justicia”.

En su proclama, los privados de libertad pidieron que se respete su integridad física, que se cumpla con el Decreto 18/2008, que se devuelva el orden constitucional en el país y que se les garantice un juicio justo y apegado a derecho.

Pocas horas antes de ser trasladados a la Penitenciaria Nacional de Támara, decisión que fue tomada a raíz de la demanda del subcomisionado Flores, quien consideraba inadecuadas la estructura del CORE-7 para albergar a un grupo tan grande de personas, los detenidos pidieron poder ser visitados por un médico, ya que muchos de ellos padecían de diferentes enfermedades.

En el caso de las restantes 17 personas que fueron detenidas en las instalaciones del INA, a 13 de ellas –seis mujeres, dos menores de edad y cinco mayores de edad– se le otorgó libertad condicional quedando bajo la protección del COFADEH, mientras que a los cuatro trabajadores afiliados al SITRAINA se les concedió un auto de libertad.

Luis Santos Madrid, secretario general del SITRAINA, informó que ya se activaron para garantizar que no se tomen medidas represivas contra sus afiliados.

Represión judicial

En el marco de contrarrestar esta nueva estrategia para descabezar la Resistencia y sembrar el terror entre los manifestantes que desde hace 96 días siguen en la lucha, el COFADEH y el Frente de Abogados contra el golpe de Estado anunciaron que apelarán la resolución de la jueza Laura Castro contra la maestra Agustina Flores López, hermana de la directiva del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y miembro de la conducción colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Bertha Cáceres.

En un comunicado difundido ayer, 1 de octubre, los abogados denunciaron “una serie de irregularidades en el proceso que implicó la privación de libertad por el delito de sedición” e informaron que “apelarán el auto de prisión y solicitarán una revisión de las medidas aplicadas a la profesora, que se convierte en una presa política del actual gobierno de facto de Roberto Micheletti”.

La Resistencia de solidariza con los presos políticos

Durante su día 96 de lucha, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado se solidarizó con los presos políticos del INA.

Esta vez el lugar de concentración debía ser frente a las instalaciones del Canal 36, clausurado en los días pasados por el gobierno de facto. Sin embargo, un impresionante dispositivo policial impidió la movilización de los manifestantes hacia el lugar.

Caminando hasta la embajada de Estados Unidos, centenares de personas volvieron a desafiar el Decreto Ejecutivo que cercena las libertades individuales y colectivas de los hondureños, y enseñaron pancartas y mantas pidiendo la inmediata liberación de los campesinos injustamente presos.

Pese al despliegue militar, los manifestantes marcharon hacia la CORE-7 coreando consignas para animar a los detenidos y terminaron su actividad en el Parque Central.

Fuente: http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/acusados_de_sedicion.htm

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