por Defensoresenlinea.com

La pérdida de confianza en las instituciones del Estado encargadas de proteger los derechos humanos de los hondureños fue la nota predominante en el Foro de Derechos Humanos que la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC) celebró ayer, 4 de noviembre, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Tegucigalpa.

El encuentro, dirigido a fortalecer los conocimientos de las catorce organizaciones de CHAAC sobre derechos humanos y a divulgar los abusos cometidos bajo el régimen de facto, evidenció que el debilitamiento institucional ha sido una de las grandes víctimas del golpe de Estado, y que reconstruir esa institucionalidad resquebrajada es uno de los retos que el país tiene por delante.

Moderado por Jesús Garza, coordinador técnico de CHAAC, el foro contó con la presencia de más de 60 personas, en su mayoría organizaciones miembros de CHAAC y con los ponentes Javier Acevedo (CIPRODEH), Gilda Rivera (CDM) y Kenia Oliva (COFADEH).
La participación del diputado de Unificación Democrática (UD) Marvin Ponce, la integrante del Comité de Perseguidos y Presos Políticos Alba Ochoa, y de Edith Villanueva, sub-coordinadora de COMUCAP, todos ellos víctimas de la represión infligida por el régimen de facto, enriqueció el debate, que tuvo su contrapunto en las intervenciones de la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.

Honduras, el país donde no pasa nada

Javier Acevedo rompió el hielo desgranando la retahíla de abusos a los derechos individuales y colectivos de los que han sido objeto los hondureños desde el 28 de junio. Desde atentados a la vida y agresiones, detenciones ilegales, torturas, toques de queda, militarización y cierre temporal de medios de comunicación, al uso indiscriminado de armas químicas, la negación de asistencia médica, y la privación del derecho a la educación con el cierre anticipado del año lectivo.

“Han querido que vivamos en el país donde no pasa nada”, denunció Acevedo, cuando justamente –añadió- tenemos un sistema de justicia “alineado, dependiente, parcializado”, en el que “se reacciona como una liebre en la criminalización de la protesta social, pero se actúa como una tortuga, o simplemente como una piedra, en la defensa de los derechos humanos”.

En definitiva, en el contexto actual, la justicia es “una serpiente que pica a los descalzos, un instrumento al servicio de la represión”.

“Nos tocará reconstruir la institucionalidad del país”, advirtió Acevedo, tomando en cuenta que “los efectos del golpe de Estado son comparables a los del Mitch”. Ello requerirá un nuevo pacto social y político, un plan nacional de reconstrucción y claras reformas institucionales, acompañadas de un fortalecimiento del movimiento social.
Pérdida de la institucionalidad

Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) tomó el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) como ejemplo de la “pérdida o debilitamiento de la institucionalidad” que ha provocado el golpe de Estado. El INAM, explicó, se convirtió en una “institución militarizada y represiva” desde que el movimiento Feministas en Resistencia organizara jornadas de protesta frente a las instalaciones de la institución en repudio al nombramiento por el régimen golpista de María Martha Díaz como ministra.

Ante las agresiones de militares y policías a las manifestantes, “de una institución como el INAM, creada para defender a las mujeres, no recibimos ninguna protección”. Es más, “sentimos la ausencia de la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de los Derechos Humanos”, denunció Gilda Rivera.

La desconfianza de las mujeres en la institucionalidad está a la orden del día. Así, CDM ha recabado testimonios de mujeres que deciden no interponer una denuncia. Y aducen: “¿Cómo voy a denunciar ante mis mismos agresores?”
Rivera también alentó a la resistencia a asumir el reto de apropiarse de la agenda feminista y de “depurar sus filas, porque en sus filas se dan violaciones a los derechos humanos de las mujeres”.

Represión en carne propia

Marvin Ponce y Alba Ochoa relataron la jornada del 12 de agosto, cuando ambos fueron golpeados y reprimidos en las cercanías del Congreso Nacional. “Yo ya dije entonces que me dolía más el golpe que los golpes y que luchamos contra un Estado policial”, dijo Ponce, quien fue gravemente herido con tres fracturas en el brazo derecho, una en la pierna derecha, otra en la costilla y toletazos de hierro y madera.

“Toda la institucionalidad del Estado está vinculada al golpe”, corroboró Ochoa, quien relató su vía crucis desde que fue golpeada y detenida por tratar de evitar el abuso que se cometía contra un joven y fuera llevada a las celdas del CORE 7.

Edith Villanueva, de COMUCAP, una de las organizaciones que integran la CHAAC, revivió emocionada la jornada del 28 de julio, cuando ella y otras 41 mujeres de COMUCAP que viajaban en un bus proveniente de Siguatepeque fueron retenidas en un plantón y agredidas con gases lacrimógenos hasta no poder respirar. Más tarde fueron trasladadas a la cárcel de Comayagua, en donde pasaron 11 horas hasta que COFADEH logró su liberación.

¿Funciona la Fiscalía de Derechos Humanos?

Ante la desconfianza sobre el papel de la Fiscalía de los Derechos Humanos –“¿se puede esperar que la Fiscalía funcione en este contexto?”, se preguntó-, la fiscal Sandra Ponce admitió que esta institución no cuenta con un órgano autónomo de investigación, sino que es la policía de investigación, adscrita a la Secretaría de Seguridad, ligada al poder ejecutivo, la que lleva a cabo las investigaciones. Destacó asimismo la escasez de recursos logísticos y financieros disponibles.

“Yo no diré que he recibido una instrucción directa del fiscal general para dejar de hacer mi trabajo”, afirmó, agregando que esperaba que las acciones de la Fiscalía hicieran cambiar de opinión a quienes no confían en esta institución.

La abogada Kenia Oliva (COFADEH) animó a quienes han sufrido en carne propia las violaciones a los derechos humanos a que, tras agotar la vía nacional, consideren la vía del derecho internacional. Pero si no existe un recurso rápido y efectivo en nuestro país en un periodo de cinco años, recordó, se puede llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de la Corte Penal Internacional, no es el Estado sino los funcionarios públicos del Estado los que pueden ser enjuiciados por acción u omisión. Y de hecho, a la CPI ya se le ha entregado información previa al 28 de julio respecto a crímenes de lesa humanidad en Honduras para su consideración. “Los delitos de lesa humanidad no prescriben, así que les animo a denunciarlos –concluyó la abogada-. Esto serviría para corregir la impunidad que detectamos en el sistema judicial interno”.

¿Una nota positiva en todo? “El despertar de la gente” frente al golpe, el desconocimiento internacional del gobierno de facto, el trabajo en defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y el aumento de la solidaridad, dijo Javier Acevedo.

Los 128 días de resistencia han sido días de enseñanza ciudadana, aseguró Marvin Ponce: “Se han construido niveles de conciencia social antes nunca vistos en la sociedad hondureña”.

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