Camilo Salvadó
AEC AVANSO

Razones económicas

Es frecuente encontrar en los medios de comunicación, expresiones de duda y desconfianza frente a la activa oposición que muchas comunidades campesinas e indígenas, y sus aliados en el movimiento social, han mantenido desde hace años ya, en contra de la explotación minera y petrolera, la construcción de grandes hidroeléctricas y los megaproyectos (mega plantaciones, supercarreteras y otros).

Centrándonos en la minería de metales, podemos ver como en muchos casos -no en todos- se trata de un discurso fabricado por grupos vinculados a las empresas, que ven sus inversiones y ganancias “en peligro”. Estos grupos de interés no quieren entender las razones de las comunidades y sus aliados para oponerse a la “generación de riqueza”; y solamente ven “eco-histéricos” con agendas ocultas o campesinos “manipulados” por aquellos.

Los defensores interesados de la minería (y en general de los megaproyectos) tienen un pensamiento tan cerrado, que solo pueden entender la oposición a estos proyectos, afirmando que los supuestos “eco-histéricos” se están “enriqueciendo” con ello. Tampoco pueden aceptar que las comunidades se movilizan por si mismas, sin manipulación, al ver violados sus derechos o al percibir con sus propios ojos los daños causados al medio natural.

Para comprender los motivos de comunidades y organizaciones para oponerse a la minería de metales, no podemos hacerlo sólo desde la lógica de la economía capitalista. La razón es simple: ningún problema debe entenderse sólo desde uno desde uno de sus ángulos. Por ello se intentará abordar la cuestión de la minería desde el campo de la ecología política, que a nuestro juicio integra elementos económicos, ambientales y políticos.

La mayoría de posturas favorables a la minería -por ejemplo el reciente informe del CIEN “Contribución de la industria minera al desarrollo de Guatemala”- solamente ven esta actividad desde el punto de vista de la riqueza que genera, y sostienen que la minería, por el mero hecho de su existir, tiene un “efecto derrame” sobre el resto de la población (digamos por la vía de empleos o inversiones privadas).

Este argumento es falso, ya que la riqueza generada a partir de la extracción, procesamiento y venta de oro y de otros metales estratégicos (como el uranio), es y será solo para la minera. El “efecto derrame” no existe, a menos que llamemos así a: a) las inversiones que toda empresa hace para desarrollar su actividad, como los pocos empleos para especialistas extranjeros. b) el derrame de dólares que solo alcanza a los accionistas, pero no a las comunidades afectadas, o c) el potencial derrame de cianuro en las fuentes de agua.

Estas afirmaciones no se basan en prejuicios o mentiras, sino en la observación de la realidad minera pasada (El Estor, San Ildefonso Ixtahuacán) y presente (Sipakapa, San Miguel Ixtahuacán), que demuestra claramente que la inversión privada nunca se ha convertido en un mejor nivel de vida para las poblaciones cercanas a la explotación, mientras las empresas perciben cada vez mayores ganancias: la onza de oro superó los 1,100 dólares este mes.

La posición que favorece la minería sólo desde argumentos económicos, también tiene una postura errada sobre los impactos ambientales. En el peor de los casos, los niegan y en el “mejor” caso los consideran “externalidades”, que deben asumir las comunidades pero no la minera. Incluso se afirma que “toda actividad humana tiene impactos en el entorno” (lo cual es cierto, pero no puede compararse el impacto ambiental de una milpa familiar con el de una gran empresa minera o petrolera).

Incluso dentro de las posturas opuestas a la minería, es frecuente encontrar argumentos igualmente centrados en lo económico (en especial en el tema de las regalías). Por supuesto, esta cuestión es crucial. Desde ningún punto de vista puede considerarse como justo que la minera se quede con el 99% de las ganancias y el restante 1% se divida entre el gobierno central y el gobierno local, sin que una gota llegue a alcanzar a las comunidades más pobres.

Pero, aún aumentando las regalías (y aunque la mentira del “efecto derrame” fuese cierta), la minería de metales sigue teniendo graves impactos ambientales que no entran en ningún cálculo económico. Centrar el debate solamente en perspectiva de las “ganancias”, la “riqueza” y el “oro” (aún posicionándose a favor de las comunidades) es limitar la discusión al mismo terreno en el que quieren ubicarlo los defensores de la minería.

Debe debatirse seriamente si es mejor prevenir los impactos ambientales y sanitarios, o dar una pequeña compensación monetaria a quienes los sufren. Estas son cuestiones que podrían abordarse en una nueva ley de minería. Una ley que, aún aumentando las regalías (digamos a un 50%), no se centre solo en el tema económico, y que no vele solamente por las empresas sino también, y sobre todo, por las comunidades y la naturaleza.

Por último, también resulta urgente que el gobierno proporcione alternativas de producción y sobrevivencia a las comunidades para que no caigan en la trampa de los falsos “empleos”. O en todo caso, si considera que ése no es su papel o que no tiene suficientes ingresos para ello, debería dejar espacio y dar facilidades a las comunidades para que ellas mismas construyan sus propias alternativas económicas frente a la minería.

Guatemala, 16 de noviembre del 2009.



* Editorial del noticiero Maya K'at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica -FGER- noviembre 2009. www.fger.org

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