Por Carlos Augusto Hernández Alvarado
Abogado y notario
carlosaugusto69@yahoo.com
Especial para Arlequín

Una vez que quedó suscrito y fracasado el Acuerdo Tegucigalpa/San José, me parece justo y necesario hacer una evaluación jurídica de todo el contenido del mismo, especialmente porque la comisión que ha representado al gobierno de facto manifestó que todo se iba a enmarcar en la Constitución y las leyes hondureñas. Hay que reconocer que los acuerdos, convenios o contratos pueden tener profundos errores de forma y de fondo, máxime cuando éstos son de carácter político.

Pero vuelvo a recordar lo que expresó la comisión del gobierno de facto de que se enmarcarían en la Constitución y las leyes. Basándonos en esta afirmación he analizado en ese marco, el Acuerdo Tegucigalpa/San José de fecha 30 de octubre del año 2009 llegando a las siguientes conclusiones en cada una de sus partes:

“Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”

Conclusión No.1: El título no debió expresar que era un acuerdo para la reconciliación nacional ni para el fortalecimiento de la democracia, debió anunciar que era para el restablecimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque es el orden constitucional el que está roto y las instituciones democráticas las que se vieron involucradas en el quebrantamiento del orden constitucional, propiciándolo y justificando el golpe de Estado.

“Preámbulo
Nosotros, ciudadanos hondureños, hombres y mujeres, convencidos de la necesidad de fortalecer del Estado de derecho, al amparo de nuestra Constitución y las leyes de nuestra República, profundizar la democracia y asegurar un clima de paz y tranquilidad para nuestro pueblo, hemos llevado un intenso y franco proceso de diálogo político para buscar una salida pacífica y negociada a la crisis en que nuestro país ha estado sumido en los últimos meses.

Como fruto de ese diálogo, en el que ha predominado la cordura, la tolerancia y el espíritu patriótico de todos sus participantes, hemos redactado un Acuerdo político que habrá de permitir restablecer la convivencia ciudadana y asegurar un clima apropiado para la gobernabilidad democrática en nuestra patria. Este Acuerdo, estamos seguros, marcará el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia, demandas urgentes de la sociedad hondureña.

La concertación de este Acuerdo demuestra, una vez más, que los hondureños y hondureñas somos capaces de practicar exitosamente el diálogo y, gracias a él y a través del mismo, alcanzar las altas metas que la sociedad demanda y la patria nos exige.

En virtud de todo lo anterior, hemos convenido en los siguientes acuerdos”.

Conclusión No.2: El preámbulo en todo acuerdo político es una expresión ideológica que sienta las bases y las aspiración del mismo, la crítica que se le puede hacer al preámbulo es que manifiesta como objetivo restablecer la convivencia ciudadana para asegurar la gobernabilidad democrática, algo que es absolutamente falso, la misión es restablecer el orden constitucional, fortalecer las instituciones democráticas, para que no esté rota la convivencia social y asegurar la gobernabilidad como objetivo, en pocas palabras, el preámbulo parece ser es una aspiración circunstancial para solventar la crisis pretendiendo aquietar la manifestación social contra el golpe, manteniendo desintegradas las instituciones democráticas por el golpe de estado. Con un preámbulo como éste a lo único que se puede aspirar es a un túnel macabro para querer justiciar y legitimar el golpe de estado que vulneró todas las instituciones democráticas del país, con el contenido mismo del convenio. El preámbulo tiene que enunciar que el volver al orden constitucional en Honduras es una exigencia interna democrática y de los organismos mundiales como la ONU, OEA, SICA, SIECA, Grupo de Río, ALBA, Comunidad Europea; desconocer este aspecto es simple y sencillamente resumir a Honduras y su crisis a un problema de bandas políticas y no una exigencia de la democracia mundial y continental.

“1. Sobre el gobierno de unidad y reconciliación nacional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, conformaremos un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas Secretarías y Subsecretarías así como otras dependencias del Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República de Honduras.
En vista de que con antelación al 28 de junio, el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, inciso 32, de la Constitución de la República de Honduras, este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional respetará y funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2009”.

Conclusión No.3: Al primer párrafo de este punto tiene un vacío legal enmarcado en el artículo 5 párrafo primero de la Constitución que manda al gobierno, “sustentarse en el principio de la democracia participativa, hacer forma integral de la nación que implique todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar el progreso, la estabilidad política y la conciliación nacional”, en consecuencia, el párrafo primero de este punto tiene que estar sujeto al artículo 5 párrafo primero de la Constitución y establecer que ese gobierno de reconciliación debió de llamársele gobierno de restablecimiento institucional y debe estar presidido por el legitimo Presidente Constitucional de la Republica, porque solo así se restablece institucional y constitucionalmente el país, artículos 235, 236, 237 constitucionales. Ya que en el orden de presidir el Poder Ejecutivo el que lo ocupa actualmente no llegó a ese puesto por las causales señaladas en la propia Constitución en el artículo 242.

El segundo párrafo del primer punto del acuerdo es una aberración jurídica el aceptar que el Poder Ejecutivo no había remitido al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República porque los artículos 368, 371 y 372 de la Constitución justifican claramente porqué el gobierno presidido por Manuel Zelaya Rosales no lo había enviado, entre otras cosas no se había liquidado el presupuesto, no se había permitido hacer la fiscalización del mismo y la fiscalización de las instituciones descentralizadas como la Alcaldía de la ciudad de Tegucigalpa no lo había permitido. Aceptar liza y llanamente este aspecto es aceptar que se cometió delito, en especial el de abuso de autoridad señalado en el artículo 349 del Código Penal. Siguiendo en este mismo orden de cosas, enviar el presupuesto por el gobierno de facto sin la liquidación y la fiscalización preventiva y aprobarlo así por el Congreso Nacional, entonces también al gobierno de facto incurrió en el delito de abuso de autoridad conforme al artículo 349 del Código Penal.

“2. Sobre la renuncia a convocar a una asamblea nacional constituyente o reformar la Constitución en lo irreformable
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental.

En particular, no realizaremos declaraciones públicas ni ejerceremos algún tipo de influencia inconsistente con los artículos 5, 239, 373 y 374 de la Constitución de la República de Honduras, y rechazaremos enérgicamente toda manifestación contraria al espíritu de dichos artículos y de la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito”.

Conclusión No.4: Sigo sosteniendo que la palabra reconciliación no debe de existir o, a cambio es, para el restablecimiento del orden constitucional, en este primer párrafo del punto 2, no debió haber manifestado dicha renuncia en virtud de que el Presidente Manuel Zelaya Rosales no convocó en ningún momento a una constituyente ni de modo directo ni indirecto y renunciar a promover consultas populares sería equivalente a eliminar la ley de Participación Ciudadana, ya que en el artículo 5 de esa ley permite hacer consultas de interés nacional a la población, y la facultad de derogar leyes solamente está conferida en el artículo 205 numeral 1 al Congreso
Nacional de la República por la Constitución.

El párrafo 2 de este punto establece que no se realizarán declaraciones públicas con respecto a los artículos 5, 239, 373, 374 de la Constitución, hay que recordar que existe una garantía individual en la Constitución sobre la libertad de expresión y de pensamiento especialmente reguladas en los artículos 72, 73, 74 las que no pueden ser limitadas por la firma de este documento, ver artículo 64 de la Constitución y vale la pena recordarle a quienes firmaron que en ningún articulado del Código Penal establece que reformar la Constitución en lo que dispone el artículo 374, en especial el 239, se encuentra penado el delito de traición a la patria especialmente tipificados del artículo 302 al 311 del Código Penal y ni la propia ley del Plesbicito y el Referéndum, refrendada por el artículo 5 de la Constitución, prohíbe la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, además prohibir una expresión soberana sería violentar y atentar con el artículo 2 de la Constitución que establece, “que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado”.

“3. Sobre las elecciones generales y el traspaso de gobierno
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos que, de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución de la República de Honduras, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales.

Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la conducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley.

Con el fin de demostrar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010”.

Conclusión No.5: Es difícil garantizar un proceso electoral sin que se cumpla estrictamente la siguiente apreciación legal que ya he manifestado en otros artículos: El artículo 52 de la Constitución de la Republica manifiesta quienes no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el punto 2 de ese artículo dice: “Que no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes estén nominados u ostenten cargos de elección popular”, en la actualidad los representantes de los partidos Nacional y Liberal ante del tribunal referenciado ostentaban cargos de elección popular para poder ser magistrados electorales...o sea que el Tribunal que regula las elecciones en este momento es ilegítimo, a esto se une lo que establece el artículo 2 de la Ley Electoral que manifiesta: “Que el sistema electoral se regirá bajo el principio de legitimidad”. Teniendo un Tribunal ilegítimo y un gobierno ilegítimo este principio desaparece.... por eso las elecciones carecen de validez, por estarse rigiendo en un marco de ilegitimidad, se agrava aún más las elecciones con lo que dispone el artículo 272 de la Constitución que manda al Presidente de la Republica (en este caso ilegítimo) poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones a las Fuerzas Armadas, que curiosamente están involucradas en el golpe de estado. Si bien es cierto la validez de la convocatoria se hizo antes del golpe y fue legal y ya estaban los candidatos electos, esta legitimidad desaparece por la ilegitimidad en la que se desarrolla el proceso en la actualidad como lo he señalado precedentemente y como lo manda el artículo 2 de la Ley Electoral hondureña.

“4. Sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ratificamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. Reafirmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De igual forma, coincidimos en que la Policía Nacional deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial”.

Conclusión No.6: Cual sería el fin o propósito de este punto, cuesta entenderlo, es evidente que las Fuerzas Armadas y la Policía deben cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes, para fortalecer el sistema institucional se hubiese pedido que la cúpula militar y policial que violentó la Constitución en el proceso del golpe de Estado quedara separada para desarrollar el proceso de las elecciones, porque no existe garantía alguna que bajo gobierno de facto con policías y Fuerzas Armadas involucradas en un golpe de estado puedan ser garantes de un proceso soberano, transparente, democrático y legítimo.

“5. Del Poder Ejecutivo
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”.

La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.

Conclusión No.7: Este punto 5 que ha dado tanto debate tiene un vacío procedimental enorme, retrotraer el Poder Ejecutivo antes del 28 de junio implicaba la derogatoria del decreto que destituyo al Presidente de la Republica y esa derogatoria tenía que dejarse claro fuera antes del 5 de noviembre para así restablecer el orden constitucional y en el decreto de derogatoria tiene que expresar, que los juicios derivados al Presidente de la Republica y sus funcionarios deben quedar en suspenso, en virtud de que se ha violentado el artículo 200 del Código Procesal Penal, y que se activarán hasta que fuesen comprobados por los mecanismos de ley, con la tutelación efectiva del restablecimiento del orden constitucional esta medida puede ser tomada porque la irretroactividad que sólo beneficia en materia penal está garantizada en el artículo 96 de la Constitución y los juicios fueron posteriores al golpe de estado, transcribo el artículo 200 del Código Procesal Penal: “ARTICULO 200 “Pruebas prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuántos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información.”

En cuanto a disponer que el Congreso Nacional efectuara consultas es algo ilegal ya que el artículo 313 de la Constitución no le permite al Poder Judicial efectuar dictámenes en este tipo de decisiones, el artículo 9 de la ley del Comisionado Nacional de Derechos Humanos no le tiene atribuida esta facultad, el artículo 19 de la ley de la Procuraduría General de la Republica, le prohíbe dar opiniones de este tipo y en la sección de consultoría de la ley de Procuraduría General de la República de los artículos 23 al 33 no tiene esa facultad y en el artículo 1 de la ley del Ministerio Publico no tiene facultad dictaminadora la Fiscalía.

“6. Sobre la comisión de verificación y la comisión de la verdad
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, disponemos la creación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, coordinadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha Comisión estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional, estos últimos serán escogidos uno por cada una de las partes.

La Comisión de Verificación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación, producirá la activación de medidas que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores. Con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próximo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010”.

Conclusión No.8: La Comisión de Verificación se le dio facultades sancionadoras sin decir que sanción o que medida se tomaría al transgresor, es un vacío en el contenido del acuerdo, porque tal como hemos visto al señor Roberto Micheletti le fue fácil violentarlo al no haber sanción alguna establecida.

Instituir una Comisión de la Verdad: 1-Sin que se deje clara la fecha de su instalación; 2-Quienes la conformaran; 3-Los limites y alcances que tendrá y los aspectos que deberá investigar, es simple y sencillamente una falacia total en el contenido del documento suscrito.

“7. Sobre la normalización de las relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional
Al comprometernos a cumplir fielmente los compromisos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional, y su acceso a todas las formas de cooperación.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras, y continúe con la negociación de los futuros. En particular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Verificación y la futura Comisión de la Verdad aseguren el fiel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo”.

Conclusión No.9: Este compromiso frente a la comunidad internacional debió de ser claro y preciso que era con el restablecimiento inmediato del orden constitucional y restablecido en su cargo el Presidente Manuel Zelaya Rosales, por que así lo exige en las resoluciones la comunidad internacional en los diferentes organismos internacionales.

“8. Disposiciones finales
Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de Verificación, la que determinará, en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República de Honduras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda.

Tomando en cuenta que el presente Acuerdo es producto del entendimiento y la fraternidad entre hondureños y hondureñas, solicitamos vehementemente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras, y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

Conclusión No.10: La diferencia con la interpretación al punto 5 del acuerdo nunca fue sometida a esta comisión ya que unilateralmente el gobierno de facto quiso conformar su supuesto gobierno de reconciliación aislando completamente a la Comisión de Verificación, lo que comprueba una vez más la falta de voluntad política del gobierno usurpador y que el acuerdo no tiene mecanismos para exigir su cumplimiento.

“9. Calendario de cumplimiento de los acuerdos
Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con el fin de clarificar los tiempos de cumplimiento y de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:
30 de octubre de 2009
1. Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo.
2. Entrega formal del Acuerdo al Congreso para los efectos del Punto 5, “Del Poder Ejecutivo”.
2 de noviembre de 2009
1. Conformación de la Comisión de Verificación.
A partir de la suscripción del presente Acuerdo y a más tardar el 5 de noviembre
1. Conformación e instalación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.
27 de enero de 2010
1. Celebración del traspaso de gobierno.
Primer semestre de 2010
1. Conformación de la Comisión de la Verdad”.

Conclusión No.11: El calendario se tenía que ajustar en establecer la fecha de la restitución inmediata del Presidente, la fecha de normalización de las relaciones internacionales, la fecha de instalación de la Comisión de la Verdad.

“10. Declaración final
En nombre de la reconciliación y el espíritu patriótico que nos ha convocado ante la mesa de diálogo, nos comprometemos a cumplir de buena fe el presente Acuerdo, y lo que de él se derive.

El mundo es testigo de esta demostración de unidad y paz, a la que nos compromete nuestra conciencia cívica y devoción patriótica. Juntos, sabremos demostrar nuestro valor y decisión para fortalecer el Estado de derecho y construir una sociedad tolerante, pluralista y democrática.

Firmamos el presente Acuerdo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día 30 de octubre del año 2009”.

Conclusión No.12: En esta declaración final tal como lo señale al inicio debe de hacerse alusión al restablecimiento del orden constitucional.

“11. Agradecimientos
Aprovechamos la ocasión para agradecer el acompañamiento y los buenos oficios de la Comunidad Internacional, en especial a la Organización de los Estados Americanos y su Secretario General, José Miguel Insulza; las Misiones de Cancilleres del Hemisferio; el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez; el Gobierno de los Estados Unidos, su Presidente Barack Obama, y su Secretaria de Estado, Hillary Clinton”.

Conclusión No.13: Si bien es cierto es de buena educación y de buenos caballeros dar agradecimiento el único nombre propio que debió de estar es el de Don Oscar Arias Sánchez, la OEA, la Secretaria General de la OEA, Departamento de Estado y Gobierno Americano se hubiesen señalado por aspectos institucionales. Esto parece más bien un elogio sin mérito a los que se señalan en el mismo.

“12. Sobre la entrada en vigencia del Acuerdo Tegucigalpa/San José
Para efectos internos, el Acuerdo tiene plena vigencia a partir de su firma. Para efectos protocolarios y ceremoniales, se llevará a cabo un acto público de suscripción el día 2 de noviembre.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 30 de octubre de 2009”.

Conclusión No.14: En la vigencia de este acuerdo debe señalar que el no cumplimiento de cada uno de los aspectos se daba por rescindido y la aplicación de sanciones.

“Armando Aguilar Cruz, Víctor Orlando Meza López,
Vilma Cecilia Morales Montalbán, Mayra Janeth Mejía del Cid,
Arturo Gerardo Corrales Álvarez, Rodil Rivera Rodil”.

Conclusiones finales: Si efectuó una abstracción mental al Acuerdo Tegucigalpa/San José, a las conclusiones básicas que se pueden llegar son las siguientes:

1.- Que los firmantes de las partes no pueden asumir responsabilidades en un acuerdo de este tipo violentando la Constitución y el propio sistema legal, cuando el propósito es el restablecimiento del orden constitucional del país, máxime cuando dentro del equipo por ambas partes hay abogados y ni mas ni menos una ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y un ex magistrado. Lo único que justificaron con esto, es que la Constitución y las leyes para ellos no es algo de su quehacer y que su supuesta basta experiencia en manejar asuntos delicados queda en una duda extrema.

2.-Que la OEA y los organismos involucrados en el acuerdo con sus respectivos asesores son desconocedores del sistema legal institucional hondureño incluido en esto el señor Tomas Shannon, Hugo Llorens, Hillary Clinton y sus famosos asesores. Han evidenciado una compleja ignorancia que no tiene límites y que estas instituciones internacionales parece que vegetan en el tiempo bajo la mentira y el engaño político.

3.- Que el acuerdo refleja un pulso de poder, por un lado, quienes buscan la restitución y otros quienes la niegan, donde lógicamente esta ganando ese pulso, el que detenta la fuerza y el control vulgar de las instituciones viendo el poder desde el punto de vista pragmático, del fin justifica los medios.

4.-Que la reconciliación nacional no se va a lograr, sino se castiga bajo el imperio de la ley a quienes cometieron el golpe y se encuentran en las instituciones democráticas del país y a quienes están bajo un régimen de facto destruyendo a diestra y siniestra las instituciones y los recursos del estado.

5.-Que la población altamente golpeada, perseguida y asesinada no tiene reflejo con sus derechos humanos violentados en el acuerdo y en sí mismo en forma y fondo es un adefesio jurídico, como ya alguien dijo que era nuestra Constitución.


Fuente: http://arlequinhn.blogspot.com/2009/11/violaciones-legales-del-acuerdo.html

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